La pregunta no puede ser el qué, sino que debe ser el cómo: cómo resolver esos desacuerdos. No entregándole poderes a un Tribunal Constitucional, por cierto.
Ahora bien, ¿qué pasa si los participantes del proceso politíco -el parlamento, el ejecutivo, las mayorías- tratan de intervenir el proceso político mismo excluyendo personas, reduciendo las garantías de dichos procesos, restringiendo la oportunidad de participar plenamente en éste al obstaculizar la organización política o la transmisión de ideas? Para eso yo crearía un Tribunal Democrático, una cosa como el TC pero exclusivamente encargado de custodiar el proceso político. Eso sí, no de reemplazarlo.
La única sentencia del TC en toda su historia que vale la pena desde un punto de vista jurídico, político e histórico fue precisamente aquella en que desempeñó el rol de Tribunal Democrático, al afirmar en 1985 que el Plebiscito de 1988 debía contar con un Tribunal Calificador de Elecciones (al contrario de lo que la Junta de Gobierno había decidido, esto es ponerlo en funcionamiento sólo para la posterior elección de parlamentarios). Al tomar esta decisión el Tribunal consideró necesario evitar “exponer el plebiscito mismo a un enjuiciamiento de legitimidad con grave perjuicio para el desarrollo normas de la futura institucionalidad”.
